Editorial/ Pacto Nacional y Mancuso gestor de paz: las dos caras de la política del gobierno

El 20 de julio se dio el pitazo inicial de un segundo tiempo para el gobierno Petro. Luego de un final de la legislatura marcada por las pugnas en torno a las reformas, salpicado con los escándalos políticos en las entrañas del gobierno, crisis ministeriales y apelaciones incipientes a la movilización callejera, el medio tiempo fue usado por Petro para recomponer el juego. El gobierno preparó nuevas negociaciones para lograr reconstruir las mayorías necesarias para sacar adelante sus proyectos de Ley y, ad portas de cumplirse un año de gobierno, tener algo que mostrar a las masas expectantes del anhelado y esquivo cambio.

 

Por eso, el 20 de julio su salida al campo de juego arranca por el lanzamiento de su llamado a un Acuerdo Nacional y días después, anunciar su intención de nombrar al paramilitar Salvatore Mancuso como Gestor de Paz. El anuncio de este nombramiento se da a propósito de los 20 años del Pacto de Ralito, en el que los paras y los políticos burgueses sellaron su alianza criminal. Semejante nombramiento lo justifica Petro como un medio para lograr culminar la desmovilización del paramilitarismo y la paz total.

 

Mancuso será un cantante odiado por sus creadores

 

El nombramiento de Mancuso como gestor de paz, en apariencia sorpresivo, viene preparándose desde hace meses, incluso años. En las declaraciones de Mancuso ante la JEP durante el mes de mayo, con las que busca ser admitido, manifestó su intención de “colaborar” con el gobierno, aportando nuevas revelaciones y colaboración para hallar fosas comunes en el Catatumbo y en la frontera con Venezuela.  Además, sus abogados vienen negociando con el Comisionado de Paz beneficios para él, ante la perspectiva de su retorno al país, luego de cumplir condena en Estados Unidos.

 

A la burguesía opositora a Petro, el anuncio le ha caído muy mal. Desde Duque, Lafaurie hasta Uribe, junto con los grandes periódicos y medios de los oligopolios, coinciden en desvirtuar a Mancuso, tratándolo de un simple mentiroso y resentido que busca vengarse de Uribe y su gobierno por haberlos extraditado en 2008. Mientras Lafaurie dice que Mancuso elaboró un “carrusel de versiones” y le preocupa que empresarios y militares sean nuevamente cuestionados, Duque rechaza de antemano cualquier señalamiento de relación de Uribe con los paramilitares. El propio Uribe fue de los primeros en reaccionar, al advertir “(…) Estoy esperando las pruebas de la calumnia de Mancuso. Que el Pte lo nombre gestor de paz no importa, lo grave es que mienta y que haya discriminación”, no hace más que delatarse a él mismo.

 

Para la burguesía colombiana, Mancuso no es más que un traidor, y el desprecio con el que lo tratan es propio de esta condición, pero no se trata de cualquier traidor. Mancuso pasó de pasearse por las redacciones de El Tiempo y otros medios, o llevado triunfalmente al recinto del Congreso para legitimar sus crímenes en 2004 por quienes hoy lo repudian. Por el riesgo de que cuente la verdad fue extraditado a Estados Unidos, pero aun así, ha venido soltando fragmentos de verdad, siempre a cambio de beneficios. Ahora, con sus declaraciones ante la JEP busca salvarse del destino de caer en las manos de sus viejos amos. Lo que cuenta el ex jefe paramilitar, no es por arrepentimiento sincero, sino buscando los beneficios de la JEP. Así recalca lo que para muchos durante años hemos conocido como verdad: su papel de bisagra entre los paramilitares, el Estado y los empresarios.

 

Como empresario y comandante paramilitar no solo tenía acceso irrestricto a batallones, recorrió todos los clubes de la élite de cada ciudad. Burgueses como Pacho Santos y otros, hicieron antesala para solicitar sus servicios y crear estructuras paramilitares en todo el país. Empresarios de multinacionales y empresas de envergadura nacional acudieron a sus servicios para quitarse de encima a los dirigentes y activistas sindicales que estorbaban para la explotación laboral. Mancuso sabe cada uno de los nombres de sus jefes y de todas las empresas que acudieron a sus servicios para silenciar los sindicatos. Uribe lo sabe, y Petro también.

 

Para Petro, Salvatore Mancuso es una valiosa carta en su forcejeo con la burguesía opositora. El poseer la carta de la verdad incómoda, el paramilitar se convierte en un arma política para presionar el apoyo, o por lo menos, para que dejen pasar las reformas en el Congreso. Es una carta con dos lados, por un lado, está el Acuerdo Nacional y por el otro la verdad de Mancuso. Por eso Petro lo pone a cantar.

 

La cara del Acuerdo Nacional se presenta como el diálogo y la retórica altruista de un mundo más equitativo, de una “sociedad más justa”. El gobierno ha tratado de limpiar el camino, deponiendo a sus ministras incómodas, intentando reunir nuevamente las mayorías parlamentarias necesarias para pasar sus reformas. Pero, Petro sabe que la burguesía colombiana es dura de convencer sobre las ventajas del reformismo. Por eso en el otro lado de la carta tiene a Mancuso. Si no ceden en las reformas, tendrán que ceder ante la verdad del paramilitarismo.

 

Al inicio de su gobierno, Petro era consciente que de no sacar adelante reformas durante el primer año, el estallido social del Paro Nacional no podría ser contenido por más tiempo, y las exigencias de cambio volverían a las calles. Para desmontar las luchas, las reformas tendrían que ser lo suficientemente atractivas, que aparecieran como respuesta a reivindicaciones de las masas históricamente explotadas y oprimidas; pero al mismo tiempo que no fueran tan profundas que cuestionaran las condiciones de explotación y apropiación de las ganancias de la burguesía y espantaran al capital extranjero.

 

La balanza se inclina a la derecha

 

Este imposible equilibrio viene siendo resuelto inclinando la balanza hacia la burguesía, que con su mezquindad, se ha opuesto con uñas y dientes a cualquier reforma que modifique su modelo de acumulación impuesto a sangre y fuego durante décadas. Así han logrado frenar y torpedear los proyectos de reforma, a pesar de que garantizan el negocio privado y tienen el visto bueno del imperialismo, dejando pasar la contrarreforma pensional que fortalece las AFP. Pero esa mezquindad de impedir reformas es más fuego debajo de la olla a presión que Petro intenta apaciguar. Por eso, y ya con la experiencia de un año de gobierno de coalición con sectores burgueses, sube las apuestas del juego.

 

Pero que le incomode a la burguesía y a Uribe, no es suficiente justificación para nombrar a Mancuso como gestor de paz. El hecho de que ahora trate de presentarse arrepentido, dispuesto a decir parte de la verdad o de adoptar un lenguaje “políticamente correcto” no cubre el horror del que él es directo responsable. Para las víctimas de la violencia y el terror paramilitar, para los familiares de miles de desaparecidos, de asesinados con la mayor sevicia y crueldad, los atroces crímenes y torturas, violencia sexual, que se presente uno de sus principales verdugos, como un gestor de paz, es una verdadera afrenta, una revictimización.

 

La política de Paz Total, centrada en la negociación y el ofrecimiento indiscriminado de beneficios a todos los que ejercen violencia política contra la población, no traerá la verdadera paz para quienes durante décadas la han tenido que sufrir. Los fracasos de negociaciones de paz desde la entrega de las guerrillas liberales de Guadalupe Salcedo en los años cincuenta hasta los acuerdos de La Habana en 2016 muestran que no habrá paz en Colombia sin devolver y repartir la tierra a quienes le ha sido arrebatada; sin restituir los derechos laborales arrebatados durante los años 90 y sin acabar con el régimen represivo y antidemocrático que pervive hasta hoy.

 

Todos conocemos la letra de la canción

 

Mancuso sabe lo que el mundo sabe. Que todos los caminos del paramilitarismo llegan a Álvaro Uribe Vélez. Su juicio y castigo es un reclamo de las víctimas y de la historia. Pero la relación de la burguesía con el paramilitarismo no termina con Uribe. Son los empresarios, terratenientes y multinacionales quienes directamente o de conjunto se beneficiaron con la violencia paramilitar y deben pagar sus crímenes históricos contra la clase obrera, el campesinado, los indígenas, el movimiento estudiantil y todas las víctimas de décadas de violencia política.

 

La verdad de Mancuso es parte de la verdad histórica del sangriento dominio burgués en la historia de Colombia. Los distintos regímenes políticos bajo los cuales la burguesía ha gobernado hasta hoy, han usado ejércitos privados para hacer lo que el ejército y la policía no han podido hacer abiertamente. La tortura, las masacres, los asesinatos selectivos y las desapariciones forzadas son métodos históricos que ha usado la burguesía a través de los aparatos armados legales e ilegales, de los cuales el paramilitarismo de los años ochenta son solo su expresión. El régimen político surgido de la Constitución del 91 no ha sido más que la cobertura del Estado Social de Derecho, para un régimen que durante los últimos 40 años se ha apoyado en la institución del paramilitarismo para ejercer su dominación y aplastar la resistencia a la explotación y opresión.

 

Crímenes históricos como los de Colombia en el mundo han sido enfrentados y verdaderamente juzgados cuando la justicia de las víctimas, la justicia popular ha tenido la fuerza para impartir justicia. Los juicios a las dictaduras, la destrucción del Apartheid en Sudáfrica, se han dado sobre la base del triunfo, a veces revolucionario, de las víctimas. Pero en Colombia el anhelo legítimo de paz, justicia y reparación para las víctimas se viene dando desde arriba, con pactos entre victimarios.

 

El paramilitarismo es una más de las instituciones del régimen político colombiano, de carácter bonapartista, que cubierto bajo los jirones de democracia burguesa debe caer. Y solo caerá cuando los de abajo lo derrumbemos, tomemos nuestro destino en nuestras propias manos, no en manos de gobiernos reformistas sin reformas, sino mediante una revolución socialista bajo la democracia obrera, con un verdadero gobierno obrero y popular.

 

Comité Ejecutivo PST

1 de agosto de 2023