Paro armado y destitución del alcalde de Medellín, dos caras del régimen autoritario

Desde hace al menos 5 días, una vez ejecutada la extradición de “Otoniel” a los Estados Unidos, grupos narco paramilitares anunciaron un paro armado en el país y lo desarrollaron con bloqueos de carreteras, incendio de camiones y buses y amenazas contra comerciantes y estudiantes que intentaran desarrollar sus actividades.

Por: Comité Ejecutivo – PST

Lo aterrador es que, ni con el anuncio, ni con las acciones terroristas perpetradas por las Autodefensas Gaitanistas o Clan del golfo en las carreteras del Chocó, de Antioquia, Sucre y Córdoba, hubo respuesta alguna de las Fuerzas Armadas o del gobierno nacional y luego de los días todas estas zonas están bajo el dominio de estos criminales, causando al menos 11 muertes (varias de militantes del Pacto Histórico), y más de 120 vehículos incinerados. La población a su vez denunciaba que camiones de Postobón y tiendas Olímpica no eran afectadas

Llama la atención que, a diferencia de otras manifestaciones como las de campesinos empobrecidos, de ciudadanos carentes de servicios públicos, de padres de familia sin escuelas para sus hijos, de jóvenes precarizados exigiendo mejores condiciones de vida, o de trabajadores denunciando el alto costo de vida y la vana ilusión de los salarios, ante los bloqueos y quemas hechas por los paramilitares, no hubo despliegue del Esmad, ni del ejército, no hubo helicópteros artillados recién adquiridos, ni tanquetas con dispositivos Venom, solamente el anuncio en televisión del pago de una gruesa suma de dinero como recompensa por información de los dirigentes de estos grupos y de investigaciones exhaustivas, semejantes a las de los asesinatos de líderes sociales .

Tampoco han acusado del desabastecimiento o la carestía al llamado paro armado, a pesar de que se bloquearon las carreteras y se impidió la comercialización de alimentos. Menos que menos se vieron, ojos mutilados de los “civiles” armados que libremente intimidan a la población en las calles, o camionetas de alta gama con “gente de bien” defendiendo los bienes de los ciudadanos.

Todo lo observado nos lleva rápidamente a concluir que hay una actitud complaciente del Gobierno y del régimen ante el actuar de estos grupos, al punto de evidenciar un vínculo cercano. Y que el despliegue de toda la represión se hace contra los pobres y los más vulnerables que hacen el democrático ejercicio de protestar.

Es preocupante ver que el llamado de los alcaldes de los municipios más afectados ha sido desatendido por el Gobierno nacional. Como también es lamentable la situación de inseguridad y de abandono estatal que se vive allí.

Pero mientras que el Estado hizo la vista gorda ante la toma paramilitar de un tercio del país, las “instituciones” en cabeza de la procuradora Cabello fueron rápidas en recopilar pruebas para la suspensión del alcalde Quintero, por supuesta participación en política. La cuestión no es si participó o no, sino que esta norma – por lo demás absurda- está diseñada para perseguir a los servidores públicos cuando hacen política en contra de los candidatos del régimen; y decimos absurda porque en últimas todo el mundo hace política empezando por Duque, Zapateiro y el fiscal Barbosa que de manera clara han participado públicamente en favor del candidato del Equipo Colombia. Esta medida en contra de Quintero, quien ni siquiera se puede considerar de izquierda, es similar a la efectuada por Ordoñez en contra de Petro cuando era alcalde, y no más que una muestra más del talante del régimen antidemocrático.

El candidato de la ultraderecha, Federico Gutiérrez, pretende achacarle la responsabilidad del paro armado al Pacto Histórico, cuando al fin de cuentas la definición de presidente a punta de fusil le beneficiaría al propio Federico. Pero también preocupa el discurso desmovilizador del candidato Gustavo Petro quien en tono conciliador llama al diálogo.

El paro nacional del 28A de 2021 nos mostró el método para obligar al gobierno a actuar y ceder en favor de la población; también nos mostró ante cuál régimen nos enfrentamos y confirma que no podemos depositar en este, ni en sus fuerzas armadas un ápice de confianza. Así que, si gobierna Petro, tendremos que salir a las calles a exigir el desmonte del régimen político criminal.