La Paz Total en crisis

Antonio Romero

Con el ataque del Ejército de Liberación Nacional, ELN, a una base militar en Catatumbo y la muerte de nueve soldados, se puso en evidencia la crisis de la política de Paz Total del presidente Gustavo Petro.

La Ley de Paz Total fue sancionada por el gobierno en noviembre de 2022 con el compromiso de “cumplir con los acuerdos de paz del Teatro Colón con las FARC, pero además empeñar la palabra y cumplirla con la desmovilización de todas las fuentes que generan muerte y sangre en Colombia”, según manifestó Alfonso Prada, ministro del interior.

De esta manera, Petro inició diálogos con los diversos sectores que participan en el conflicto armado y en las acciones de violencia generadas por el narcotráfico. Incluso, Gustavo Petro incluyó a las y los luchadores sociales detenidos en el Estallido Social, para supeditar su libertad a esta norma, empantanando de esta manera una de sus promesas de campaña.

Y es precisamente la ‘diversidad’ de esta política la causa principal de su crisis, porque al final mete en un mismo saco a guerrilleros, narcoparamilitares y luchadores sociales. Seis meses después, la política que fue aplaudida por el imperialismo a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Petro propone a insurgentes, paramilitares y luchadores sociales un sometimiento a la justicia a cambio de rebajas de penas y de reparación a víctimas, tanto a narcotraficantes como a los integrantes de la Primera Línea, a quienes propuso que se convirtieran en ‘gestores de paz’, recibiendo una reacción virulenta de los sectores burgueses e incluso de sectores del progresismo que les aterra la idea de que la juventud del Estallido Social quede en libertad.

Narcos: el caso del Clan del Golfo

La primera crisis que vivió la Paz Total fue en el proceso con el Clan del Golfo, con quienes tuvieron un principio de negociaciones para su sometimiento a la justicia. Como narcotraficantes, los líderes de este grupo hacen parte de la industria transnacional del tráfico de estupefacientes y su desmonte no es posible en las fronteras nacionales.

Sin embargo, el gobierno de Petro avanzó y logró algunos acuerdos de cese al fuego en algunas zonas, pero algunos líderes del Clan de Golfo, interesados en su sometimiento y en la legalización de sus fortunas, decidieron presionar a través de paros regionales y sectoriales para obtener mayores beneficios, lo que a la postre llevaría a la crisis de la negociación.

Pero desde México, no hay ningún interés en apoyar las negociaciones con los carteles de narcotráfico, la respuesta de López Obrador a la propuesta de Petro de replicar la Paz Total en su país fue diciente: “es un gran presidente, es compañero, amigo. Nosotros llevamos muy buenas relaciones con ellos, pero son circunstancias distintas, él lo sabe (…). No se pueden extrapolar experiencias”

Los presidentes latinoamericanos son conscientes de que la única salida para acabar con el negocio de las drogas es la legalización, pero también es conocido el hecho de que este negocio le reporta jugosas ganancias a muchos sectores burgueses y al capital financiero, por lo que se oponen a desmontar el tráfico que asesina a diario a cientos de personas.

La paz con guerrillas en crisis

Por otra parte, el ELN avanzaba en sus ciclos de diálogo, con una estructura militar federalizada, sin un mando central, cuyos distintos frentes intentan posicionarse en la negociación, tratando que desmovilización tenga un poco más de garantías que la de las FARC.

A esto se suma la negociación con las disidencias de las FARC, que no solo tienen las mismas limitaciones del ELN en cuanto a su estructura fragmentada, sino que deben hacer la entrega de armas en el mismo marco jurídico que rechazaron en las pasadas negociaciones con Santos.

Tanto en el caso de los elenos, como en el caso de las disidencias, estamos ante la crisis de una vanguardia que por más de medio siglo utilizó un método de lucha equivocado, con acciones militares por una parte y un programa reformista – casi liberal – por otra parte. Un método que destruyó las organizaciones campesinas y que sometió a su política a las organizaciones de la clase trabajadora y las masas, que por decenios pusieron su confianza en estos grupos.

Hoy, desprestigiadas y aisladas, tratan de encontrar un camino a través de la desmovilización, pero sin encontrar el espacio político, porque incluso las reformas que proponen, en buena medida están representadas por este gobierno.

En el capitalismo, no hay paz

Por último, Petro empantanó la salida de las y los jóvenes detenidos durante el Estallido Social, al no proponer una amnistía para los luchadores sociales sino un sometimiento a través de su ley de Paz Total.

La reacción de burguesía a cualquier posibilidad de libertad de la juventud detenida ha sido violenta, incluso algunos progresistas y juristas liberales se han opuesto buscando los vericuetos constitucionales que impiden la salida de los luchadores sociales. Estos sectores saben que mientras exista el capitalismo habrá desigualdad y miseria y que las masas saldrán a luchar y que el encarcelamiento a la Primera Línea, es una forma de escarmiento para futuras propuestas.

Así, la llamada Paz Total, que no es más que una política de sometimiento a la justicia, está atrapada en una ‘sinsalida’, porque los grupos narcoparamilitares dependen del funcionamiento transnacional de su estructura dispersa y porque la propia crisis de los dispersos focos insurgentes no permiten una desmovilización de todas las cuadrillas y frentes, que llevan decenios adaptadas a los negocios y dinámicas del conflicto.

ES 748 Abril/Mayo 2023