El nuevo paquetazo de Duque

Antonio Romero

Después del Paro Nacional de 2021, el Gobierno de Duque ha iniciado una contraofensiva que pasa por una brutal represión y judicialización de la protesta social y por acelerar la implementación de sus planes, que tienen como esencia que la crisis económica que profundizó la pandemia, sea pagada por la clase trabajadora y los pobres.

Debemos decir que el Gobierno de Duque sufrió un importante golpe a nivel internacional, las imágenes de la brutal represión policial dieron la vuelta al mundo y el Paro Nacional tuvo un respaldo en la emigración colombiana que realizó acciones de solidaridad en varias ciudades. Sin embargo, gracias al desmonte de la movilización por parte de la burocracia sindical – que desde el principio actuó en contra de la unidad en las luchas – Duque ha retomado el control mediante la represión y la negociación con los partidos burgueses.

La nueva reforma tributaria

El Congreso ya aprobó a pupitrazo, la nueva reforma presentada por el Gobierno de Duque, en la que retira el IVA y el impuesto de renta, teniendo que retroceder en las exenciones de impuestos que había otorgado en 2019.

Pero esta reforma, que ha recibido incluso comentarios positivos de sectores de la Coalición de la Esperanza, no es progresiva, al contrario, implica un ‘ahorro’ del gasto público que se concreta en el congelamiento del salario de millones de empleados estatales, con el recorte de casi 2 billones de pesos. Igualmente los empresarios ya anunciaron que trasladaran los costos en impuestos al precio de los productos.

De hecho, sin pasar por el Congreso, el Gobierno de Duque hizo una reforma de facto, pues una vez el Comité Nacional de Paro anuncia el desmonte del Paro Nacional, también anuncia como un triunfo lo que ha sido una derrota para la clase trabajadora: los ‘acuerdos’ logrados por la CUT y FECODE en los pliegos estatales y del magisterio.

En estos acuerdos, se impone a los trabajadores estatales un ‘aumento’ del 1% en el salario, lo que en la práctica no solo es un congelamiento de sus ingresos sino una significativa pérdida de poder adquisitivo. De paso, el magisterio es derrotado porque los acuerdos de nivelación salarial tenían como base este aumento de los estatales.

Presupuesto 2022: más recursos para los empresarios y la represión

Por otra parte, también ha presentado su proyecto de presupuesto general para 2022, con un total de 350 billones de pesos, que constituyen un aumento de 17 billones respecto al de 2021.

De estos 350 billones, 210 billones se destinarán para funcionamiento del Estado, 78 billones para el servicio de la deuda y 62 billones para inversión. Los sectores con más participación son los siguientes: Deuda externa, 78 billones; Educación, 49 billones; Salud, 41 billones; Trabajo, 36 billones; Hacienda; 23 billones; e Inclusión social, 21 billones.

De estos sectores los de mayor aumento son Hacienda con 9,3 billones, Defensa con 4,3 billones y Trabajo con $2,6 billones, lo que se explica por las políticas de fortalecimiento al sector privado que es eje de la política de recuperación económica de Duque y la necesidad de mantener los mecanismos de represión al movimiento de masas.

Los engaños del uribismo: reducción de la jornada laboral

El uribismo hizo aprobar en el Congreso de la República la Ley de Reducción de la Jornada laboral, Ley 2101 del 2021, como un ‘beneficio’ para la clase trabajadora, pero esta norma esconde un engaño, que termina favoreciendo a la burguesía, según el abogado laborista Kriss Urueta León, esta norma es una trampa:

“Inicialmente el artículo 161 del C.S.T., establecía una jornada máxima diaria de 8 horas de trabajo y una jornada máxima semanal de 48 horas laborales, pero la reforma uribista eliminó la jornada máxima diaria manteniendo solo la jornada máxima semanal, con una duración de 42 horas que deben distribuirse entre 5 o 6 días, lo que implica que el empleador podrá imponer al trabajador jornadas extensas de 10, 11, 12, y hasta 13 horas de trabajo diario sin que esto implique el pago de horas extras. La norma anterior establecía que, si se superaba la jornada máxima de 8 horas diarias, el tiempo adicional laborado se debía pagar como horas extras, sin embargo, hoy con la nueva ley se suprime ese derecho y prácticamente acaba con la posibilidad de que el trabajador pueda devengar recursos adicionales por trabajo suplementario”.

Adicional a lo mencionado por Urueta, la reducción de la jornada va de la mano con la reforma ya aprobada del trabajo por horas y los BEPS, que prácticamente legalizan la tercerización y eliminan la obligación de afiliar a los trabajadores a seguridad social, que implicó una contrarreforma laboral por decreto.

Que la crisis la paguen los ricos

Por otra parte, las medidas que ha anunciado el gobierno están focalizadas para la juventud, que es la más afectada por el desempleo: becas, espacios laborales, extensión del ingreso solidario y programas de vivienda. Muchas de estas becas siguen estando focalizadas en financiar estudiantes para las universidades privadas, continuando con el desvío de fondos públicos al sector privado, mientras que las universidades públicas siguen desfinanciadas. Entretanto, el desempleo sigue estando por encima del 15% y la pobreza ha aumentado, recordemos que según cifras oficiales hay 3,5 millones de personas que entraron a la pobreza monetaria en 2020.

Por todo lo anterior, la crisis social que la pandemia había profundizado continúa y la apertura de todos los sectores de la economía no logra aliviar la tragedia humanitaria que viven los sectores populares, sin embargo, el Gobierno continúa con sus planes, tratando de concertar las reformas con los partidos burgueses en el Congreso de la República para tratar de evitar otro estallido social, mientras millones de personas siguen en la miseria, recibiendo migajas, endeudadas por los bancos y los prestamistas, mientras los banqueros, empresarios y ganaderos siguen con sus billonarios subsidios

y sus enormes ganancias.