Reforma Política de Petro

A propósito de la discusión actual reposteamos este artículo publicado en El Socialista 745 en noviembre de 2022, en él ya advertíamos de las limitaciones del texto y el mal curso que este proyecto podía tomar.

Reforma Política de Petro: sigue la exclusión de minorías

El régimen político colombiano, desde su conformación a finales del siglo XIX ha sido excluyente, ha privilegiado la existencia de los partidos burgueses, y la exclusión y el exterminio de partidos de la clase trabajadora y sectores medios.

Tras la violencia de la primera mitad de siglo XX, se firma un pacto entre los partidos burgueses – liberal y conservador – llamado Frente Nacional que alternó el gobierno y la burocracia entre los dos partidos, a pesar de que la Comisión de la Verdad plantea que fue un paso en la modernización democrática del país.

Con el Frente Nacional y el Estado de Sitio, en Colombia se mantuvo una democracia formal que permitía la existencia de partidos políticos de izquierda, mientras el terrorismo de Estado los extinguía y el paramilitarismo se utilizaba como herramienta política para eliminar las luchas sociales.

La Constitución del 91, que se presenta como un avance en la democracia, no solo mantuvo el régimen de exclusión, sino que en su desarrollo se eliminó incluso la existencia formal de partidos y movimientos políticos minoritarios. La creación de circunscripciones étnicas y curules para los procesos de paz, edulcoraron lo que sería la prohibición de la participación de las minorías políticas en el régimen colombiano.

Con la Ley 163 de 1994, la creación de partidos y movimientos en Colombia quedó sujeta a un sistema de recolección de firmas o de obtención de curules y con el Acto legislativo 01 de 2003 queda cerrada toda posibilidad para las minorías al restringir la propia existencia jurídica de los partidos a la obtención del 2% de la votación válida (equivalente a más de 780 mil votos en las elecciones de 2022).

Una reforma para que nada cambie

El resultado de este régimen político excluyente, que incluso sectores de izquierda celebraron como una ‘modernización’ de la democracia, fue la conformación de grandes empresas electorales que estimularon el mercado de los avales, el Polo Democrático fue el mejor ejemplo, allí concurrieron una serie de partidos y movimientos, unificados por la supervivencia electoral y no por programas políticos.

Sin embargo, el ascenso de las luchas en Colombia, que se ha levantado desde finales de 2019, llevó a que por primera vez en el país triunfara en las urnas un gobierno que tiene su origen en partidos reformistas, que también presenta una nueva reforma política con el objetivo, según el ministro liberal Alfonso Prada de “hacer realidad las medidas para garantizar una mejor representación ciudadana, una mejor calidad en la democracia colombiana y adicionalmente cumplir con los acuerdos de paz”.

Pero la reforma política planteada por Petro no toca el problema fundamental que es el derecho y las garantías de existencia de partidos y movimientos políticos, al contrario, pretende fortalecer las empresas electorales mayoritarias y reorganizar los partidos tradicionales, con medidas formales que no cambian las condiciones que enfrentan las organizaciones sociales y políticas en sus procesos de participación política.

Los cambios de la reforma

Los principales cambios de la política están en la conformación de partidos políticos, en su democracia interna, el cambio en la institucionalidad electoral y en favorecimiento del transfuguismo.

En cuanto a la conformación de partidos, se exige que el reconocimiento a nivel nacional se haga con el 0,2% del censo electoral, es decir que se deben demostrar al menos aproximadamente 80 mil afiliados, y para el nivel territorial con el 1%. La personería jurídica se obtendría con el 3% de los votos válidos de las últimas elecciones parlamentarias, más alto que el actual.

Es decir, que la conformación de los partidos sigue en la línea del régimen de exclusión a partir de los años 90 y que se favorecen las empresas electorales, por lo que en los últimos años la mayoría de los partidos conformados en Colombia tienen su base en iglesias o en grupos paramilitares.

Otro cambio formal es la institucionalidad, con el nuevo proyecto de ley quedaría conformada por la Corte Electoral, el Consejo Electoral Colombiano y la Registraduría Nacional del Estado Civil, acabando con el Consejo Nacional Electoral. La gran diferencia es que los magistrados de la nueva Corte Electoral tendrán el mismo régimen de la Rama Judicial.

Además, se restringe a la Procuraduría la posibilidad de destituir personas elegidas y se permite el transfuguismo por una vez entre partidos políticos, para favorecer la reorganización de fuerzas y tratar de resolver la crisis de los partidos tradicionales.

Por otra parte, se presenta la discusión de las listas abiertas o cerradas como expresión de modernización de la democracia. Se supone que las listas cerradas implican una mayor coherencia política en los partidos, pero en la realidad colombiana, estas listas favorecen las maquinarias. Las listas cerradas solo cambian el mercado de los avales por el mercado de los puestos en la lista.

Mientras en Colombia no se puedan crear partidos de manera libre y mientras exista una política de exterminio para las minorías y las organizaciones de la clase trabajadora y los pobres; no se podrá hablar de democracia o de reforma democrática, el régimen electoral no requiere de cambios formales sino reales.