Informe de la Verdad: un relato en el que todos somos culpables

Diego Lares

El Informe final de la Comisión de la Verdad ha sido recibido por los movimientos sociales, las organizaciones de la izquierda reformista y los partidos burgueses tradicionales como un camino necesario a la consolidación del proceso de paz y las transformaciones sociales en Colombia, mientras que los sectores de la extrema derecha lo miran como una falsificación de la historia que favorece a la insurgencia.

Muchas de estas opiniones, se hacen al margen del texto publicado por la Comisión de la Verdad y en la lógica del contexto político actual, en el que la alianza gobernante compuesta por partidos progresistas y partidos burgueses se enfrenta a sectores políticos ligados con los negocios financieros, agropecuarios y del narcotráfico, que se expresan en el Centro Democrático. Además, porque no es fácil hacer una lectura de un documento de más de 800 páginas y mucho menos hacerlo desde una perspectiva revolucionaria.

En este artículo, intentaremos entregar a la clase trabajadora y a los movimientos sociales, un análisis de este documento, mostrando que la Comisión de la Verdad no ha hecho una apuesta por esclarecer las responsabilidades del conflicto, que niega el papel fundamental del Estado y el carácter de clase del conflicto social y armado en Colombia.

Informe final: por dónde comenzar

El Informe Final es un análisis disperso en varios tomos que fragmentan y diluyen la comprensión del conflicto armado, su origen y su carácter de clase. El mismo informe sostiene que estos tomos no tienen jerarquía, sin embargo, debemos señalar que los documentos fundamentales son: “No matarás. Relato histórico del conflicto armado” y “Hallazgos y recomendaciones”, no porque la violencia a sectores y comunidades específicas tengan una menor importancia, sino porque las causas comunes están explicadas en estos dos documentos a los que nos referiremos en este artículo.

El resto de los tomos son “Hasta la guerra tiene límites. Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas”, que hace un panorama de esos hechos, “Colombia adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado”, “Sufrir la guerra y rehacer la vida. Impactos, afrontamientos y resistencias” y “Cuando los pájaros no cantaban. Historias del conflicto armado en Colombia”, que son testimonios de las víctimas.

Hay cuatro tomos sectoriales: “Resistir no es aguantar. Violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia” “Mi cuerpo es la verdad. Experiencias de mujeres y de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado”, “No es un mal menor. Niñas, niños y adolescentes en el conflicto armado” y “La Colombia fuera de Colombia. Las verdades del exilio”. Por último, hay una serie de documentos divulgativos acerca del uso y difusión de estos informes.

No matarás: la historia del conflicto como secuela de la ‘modernización del Estado’

Para la Comisión de la Verdad, el conflicto social y armado en Colombia, tiene un punto de inflexión a mediados de siglo – en 1958 – entre el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán y la instauración del Frente Nacional. Para los investigadores, se pasa de una guerra entre partidos burgueses – liberal y conservador – a una guerra entre el Estado y la insurgencia armada.

En el Informe hacen una periodización del conflicto armado entre 1958 y 2016, pero se detienen en los antecedentes, que comienzan en los años 20, en lo que consideran como un período de incubación, en el que se muestra la historia de la disputa del poder en Colombia por estos dos partidos, dejando en un segundo plano los conflictos agrarios, mostrando el conflicto como un resultado de las reformas liberales inconclusas y la ausencia del Estado en las regiones, en los que el conflicto social se hizo más violento.

Estos ensayistas dividen esta segunda parte del conflicto en cuatro períodos:

Primer periodo: Frente Nacional (1958-1977): Muestra el pacto burgués como un mecanismo de modernización del Estado y la injerencia del contexto internacional – en particular la Guerra Fría – en el resurgimiento de la insurgencia.

Segundo periodo: Consolidación de la Insurgencia (1978-1991), muestra la profundización del descontento social y la represión estatal, en lo internacional resalta la Doctrina de Seguridad de Estados Unidos y la Guerra contra las Drogas. Entiende los procesos de paz como búsquedas por ampliar el espectro político del Frente Nacional y, por tanto, la Constitución del 91 como un punto de llegada en los que los ensayistas de la comisión ven como un proceso de modernización del Estado en Colombia.

Tercer periodo: Apertura Democrática (1991-2002): El informe entiende la Constitución del 91 como una apertura democrática que recibió una “reacción violenta” de los grupos insurgentes, a pesar de que es en este periodo en el que el paramilitarismo desarrolla una guerra abierta contra la población. En lo internacional resaltan el Plan Colombia como una injerencia directa de Estados Unidos en lo que llaman “internacionalización” del conflicto armado.

Cuarto periodo: Guerra y paz (2002-2016). Va desde el fracaso de los Diálogos del Caguán hasta las negociaciones de La Habana, como una especie de pugna entre la guerra y la paz. Muestran una primera etapa de ofensiva del Estado en el Gobierno de Uribe y una segunda etapa de negociación con Santos.

De este recorrido histórico por más de 60 años de conflicto social y armado, se hace evidente que para la Comisión de la Verdad el origen de la violencia no está en el más salvaje despojo de tierras, sobre-explotación laboral y represión estatal que la burguesía y los terratenientes desató contra el campesinado y la clase trabajadora, urbana y rural, sino que es consecuencia del proceso de lucha entre las élites por “modernizar el Estado”.

No es casual que el hecho histórico más importante para la Comisión para entender el conflicto, que es el surgimiento del Frente Nacional, sea visto como un proceso de modernización, dice el Informe Final: “Luego de estudiar los diversos informes y entrevistas que aluden al Frente Nacional, la Comisión de la Verdad reconoce que este merece ser observado desde dos perspectivas: la del retorno a la democracia después de una dictadura y la de la pacificación luego de una guerra civil. (No matarás, p. 76).

Hallazgos: todos somos ‘culpables’

El segundo documento que debemos analizar es “Recomendaciones y hallazgos”, en los que – a diferencia de “No matarás” – no se hace un recorrido histórico sino una suerte de ‘lectura política’ del conflicto armado bajo una premisa aparentemente progresiva: a centralidad de las víctimas.

Y digo aparentemente, porque el concepto de ‘víctima’ deforma la lucha del campesinado por la tierra, el papel de la insurgencia en este proceso y la contra-reforma violenta que desató el Estado. Al mismo tiempo, desconoce el papel de la burguesía y los terratenientes en la guerra, al igualar en la categoría de víctima a todos los afectados en la guerra.

De allí que las explicaciones entre en el plano de los psicosocial, poniendo el concepto de “trauma social” como la explicación de la continuidad del conflicto: “El trauma social alude a la huella que ciertos procesos o hechos históricos dejan en la totalidad de las poblaciones afectadas, con una particularidad digna de ser recordada: se trata de una experiencia compartida que tiene su origen en el desorden y las disfunciones sociales causadas por la pobreza, la desigualdad, la injusticia social, la corrupción política, etc., cuyo impacto va más allá del meramente personal (Hallazgos y recomendaciones, p. 45).

Porque el Informe, insistimos, mira la realidad colombiana como una lucha de sus élites, sus instituciones e, incluso, de los movimientos sociales como un proceso traumático de modernización democrática, dice el informe: “En Colombia, el origen de la guerra se explica, en parte, por la ausencia y disfuncionalidad de estos elementos en la práctica. Luego, la guerra incidió en el colapso relativo de estos. La violencia hirió, impidió y deformó la democracia colombiana aun cuando estaba en proceso de gestación” (p. 91).

Es decir, la Comisión de aparta de la idea de mirar el conflicto como un enfrentamiento de aparatos armados, pero iguala a las víctimas del conflicto, desdibujando el origen y la naturaleza de esos aparatos armados como expresiones de la lucha de clases.

Para Comisión, “la definición del conflicto como un entramado de alianzas, actores e intereses nos permite observar que las responsabilidades sobre la tragedia que este representa van más allá de quienes empuñaron las armas, y que se extiende como una responsabilidad ética y política –y en algunos casos, una responsabilidad directa– de sectores políticos (de todas las ideologías), económicos, criminales, sociales y culturales. La guerra que dejó más de nueve millones de víctimas tiene responsables directos e indirectos que deben responder por las decisiones que tomaron, pero es también una responsabilidad de todos los colombianos que hoy estamos llamados a construir una manera diferente de vivir no solo en el mismo suelo, sino también en una historia compartida” (p. 25).

En últimas, el conflicto social y armado – en este Informe de la Verdad – es una responsabilidad de todos. Es decir que quienes promovieron, financiaron y ejecutaron planes desde la Casa de Nariño y los batallones, quienes legislaron y favorecieron la guerra desde sus curules, quienes garantizaron la impunidad desde las Cortes hasta los juzgados promiscuos, quienes amasaron grandes fortunas con la expropiación y la explotación, tienen la misma responsabilidad que los campesinos que lucharon por la tierra, que los obreros que levantaron su voz contra las precarias condiciones laborales, que los pueblos afro e indígenas que lucharon por sus territorios, que la juventud que defendió en las calles con valentía sus derechos.

Pero la Comisión entiende la guerra como una dolorosa secuela de la modernización de nuestra democracia: “La democratización ha ido de la mano con la pacificación y las reformas tendientes a la consolidación de un Estado nación. En las últimas seis décadas, ha habido varios intentos por construir una paz estable y duradera. Por lo menos tres de ellos han ter­minado en pactos o acuerdos: el Frente Nacional, en 1958; el proceso constituyente, que culminó en 1991; y el Acuerdo de Paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en 2016” (p. 91).

Por último, el paramilitarismo no aparece como una política del Estado Colombiano, sino como una consecuencia de la alianza entre el Estado y algunos carteles de la droga para enfrentar a Pablo Escobar. Es más, se atreve a decir: “La violencia paramilitar no fue, en principio, indiscriminada. Esta estuvo, de hecho, racionalmente orientada a herir a las fuerzas de cambio social que emergían en el nuevo contexto de apertura democrática. En particular, atacaron a la UP, cuyo genocidio se consolidó en los años noventa, a los movimientos regionales y a las expresiones más políticas del movimiento social” (p. 104).

En las conclusiones de sus “hallazgos”, la Comisión de la Verdad reivindica el diseño institucional en Colombia y legitima ese largo recorrido de sus élites por ampliar cada vez más la democracia, como sostiene este aparte: “Si bien la historia muestra un país con una democracia restringida, imperfecta, semi-cerrada, con momentos oscuros en los que el propio Estado usó la violencia ilegítima para detener la democratización, la guerra no ha servido para mejorar sino para profundizar las fallas de la democracia en el país. Colombia no es una dictadura y siempre han existido resquicios y espacios para ampliar la democracia e impulsar reformas de manera pacífica” (p. 117).

Es cierto que la lucha armada adelantada por las guerrillas no aporto al avance de la lucha de masas y que introdujo en las vanguardias métodos de lucha ajenos a la clase trabajadora, pero tampoco podemos concluir que fue la guerra la que hizo más lento proceso de modernización de la democracia, cuando esta guerra fue agenciada por la burguesía y los terratenientes por más de medio siglo.

Recomendaciones: la Paz Grande

Finalmente, las recomendaciones que hace el Informe Final se podrían resumir de la siguiente manera:

• Avanzar en un consenso como sociedad sobre las transformaciones para superar los factores que han facilitado la persistencia del conflicto, a través de un acuerdo denominado Paz Grande
• Reconocer a las víctimas del conflicto armado y el trauma colectivo
• Implementar el Acuerdo Final de Paz entre el Estado y las FARC.
• Priorizar la negociación o el sometimiento de los grupos armados ilegales
• Avanzar en un examen crítico de nuestro pasado
• Replantear el problema del narcotráfico y encontrar los caminos políticos, económicos, éticos y jurídicos de salida en debates de fondo, tanto a nivel nacional como internacional
• Recuperar el valor de la justicia para reivindicar la legalidad
• Establecer una nueva visión de la seguridad para la construcción de paz
• Garantizar condiciones de bienestar y vida digna de las comunidades en los territorios
• Garantizar la aplicación del enfoque diferencial en la implementación de todas las recomendaciones de la Comisión y en el desarrollo de las funciones del Estado es una condición para lograr la paz total.

Como podemos ver, las conclusiones – coherentes con el Informe – no apuntan a las causas del conflicto armado, ponen el primer lugar los acuerdos, no solo con los grupos armados, sino entre todos los sectores sociales como un paso más en el proceso de “modernización de la democracia”, pues en últimas, para la Comisión de la Verdad, la llamada Paz Grande – el acuerdo entre explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos, entre despojadores y despojados – es un paso más en este proceso que se inició con el Frente Nacional, que dio pasos importantes con la Constitución del 91 y que se consolida con el Acuerdo de Paz y su implementación.

Verdad y justicia

Como hemos visto, el Informe Final que dirigió el jesuita Francisco de Roux ni es la hoja de ruta para hacer las transformaciones que requiere el país como lo plantea el progresismo y el Gobierno de Petro y sus aliados santistas, ni es el relato de la insurgencia para garantizar su impunidad, como lo plantea el uribismo.

Es un Informe funcional al Estado, a la impunidad y al “perdón y olvido”, sin enfrentar las causas históricas del conflicto armado, que están en la explotación y la expropiación que han ejercido la burguesía y los terratenientes, junto a mafias regionales, a los largo de la historia del país. Porque muestra el conflicto social y armado más como una lucha de fuerzas políticas por la modernización de la democracia, que ha generado violencia más por ausencia estatal que por ser su estrategia de acumulación.

Por tanto, debemos decir que la verdad sobre el conflicto social y armado en el país sigue pendiente y que solo se podrá esclarecer cuando sean la clase trabajadora, el campesinado, las comunidades afro e indígenas, los movimientos de mujeres, LGBT y la juventud la que levante su voz, no para dejar un testimonio, sino para hacer justicia contra los culpables de la violencia.