Llamamiento a los sindicatos, al movimiento social y popular, a los jóvenes del pueblo luchadores del Paro Nacional

Llamamiento

a los sindicatos, al movimiento social y popular, a los jóvenes del pueblo luchadores del Paro Nacional

Los Comités de Solidaridad con los Sectores en Conflicto (Cosoles) y las organizaciones participantes del foro “defensa del derecho fundamental a la contratación colectiva directa y estable, por la abolición definitiva del sistema de subcontratación laboral y el rescate del carácter clasista de las organizaciones sindicales”, realizado del 01 a 03 de octubre de 2021 en Cali, nos comprometemos con este llamado e invitamos a asumirlo.

Tenemos una tarea urgente: unir fuerzas para continuar con el proceso de movilización que el 28 de abril del 2021, sintetizando las lucha de 2019 y 2020, inició el alzamiento que propinó al gobierno importantes descalabros, aun sin derrotar los planes definidos y orientados por las diferentes fuerzas imperialistas. Siguen siendo estos mismos planes reunidos en el que conocimos como “el paquetazo de Duque”, los que su gobierno porfía en aplicar —completos— contra el pueblo colombiano.

Gracias a la presencia masiva de la población en las calles, al bloqueo de carreteras y vías urbanas, paralizamos significativamente las actividades productivas, comerciales, de abastecimiento y de transporte, con el empuje y el heroísmo de miles de jóvenes de las entrañas del pueblo colombiano que enfrentaron, en centenares de puntos de resistencia, la brutal ofensiva policial, militar y paramilitar, a costa de decenas de muertos y mutilados.

Para intentar contener el movimiento y sostener al gobierno en la crisis que se profundizaba en la coyuntura, los grandes empresarios y banqueros anunciaron, falsamente, estar dispuestos a “ceder en algo” en sus pretensiones de aumentar sus ganancias (originadas en la sobreexplotación de trabajadores, mujeres y jóvenes empobrecidos). Coherentes con su carácter de clase, capeada la tempestad, todos ellos continúan descargando la larga crisis de su economía en nuestras espaldas.

En su momento, haber contenido, en parte, la ofensiva patronal (la caída de la reforma tributaria de Carrasquilla, el frenazo a la reforma de la salud, entre otros varios aspectos claves), fue un importante triunfo de la lucha social que, ahora, se muestra insuficiente dada la continuidad que este gobierno da a sus planes antidemocráticos.

Desde el levantamiento inconsulto del movimiento de paro nacional por parte del Comité Nacional de Paro (CNP) el pasado 15 de junio, el gobierno ha lanzado una contraofensiva en todos los terrenos: arrecia la represión contra los luchadores sociales, lo mismo que el asesinato sistemático de sus dirigentes más consecuentes, junto al apresamiento y judicialización de los jóvenes de la Primera Línea y de otros activistas de la protesta social. El Congreso aprueba una nueva variante de la reforma tributaria y retoma el plan de ajuste fiscal con el que afecta los derechos laborales de los trabajadores del Estado, a los que pone a pagar el déficit presupuestal, profundizando la privatización de las empresas rentables del Estado, mientras preserva las gabelas que benefician al gran capital y a las transnacionales.

Por ejemplo, la “compra” del grupo ISA por parte de Ecopetrol, es una sofisticada maniobra gubernamental diseñada para vender ilegalmente una muy rentable Empresa Industrial y Comercial del Estado, burlando sus propias leyes (la 226 de 1995), para continuar con el proceso de privatización de los bienes del Estado, haciéndole creer al pueblo, a los ciudadanos y a la opinión pública, que se trata “simplemente de una transacción entre dos empresas estatales” y que “no afectará el patrimonio de los colombianos”. Estos recursos, tal como lo ha anunciado el gobierno serán destinados a tapar los huecos fiscales de la economía colombiana y (seguramente, como tradicionalmente lo han hecho) para financiar sus propias campañas electorales que se avecinan. Ahora se empieza a develar cómo, la cobarde y brutal arremetida de ISA contra SINTRAISA, busca desaparecer a la organización sindical y desconocer los derechos de los trabajadores, para facilitar la entrega de ISA a la estatal petrolera allanando el camino para —luego— venderla al sector privado, sirviendo obedientemente a sus intereses y a la corrupción reinante en el país.

El mismo camino privatizador avanza, en el SENA, entregando a las multinacionales (con la disculpa del manejo la “virtualidad”) la formación de la nueva fuerza de trabajo; pero también en la privatización total de UNE – EPM, con la venta de las acciones que tiene EPM en UNE. En este caso, cuando la organización sindical pidió que se diera a conocer el documento de “acuerdo” de los accionistas, las dos empresas (UNE, EPM) y la alcaldía de Medellín, se negaron diciendo que éstas son “cláusulas de confidencialidad”. Con todas estas maniobras, ocultando la venta del 100% de la empresa INVERTELCO – ENTELCO, empresa que agrupa 14 mil trabajadores en su gran mayoría bajo contratos-basura, completan la venta del 100% de UNE a las empresas multinacionales.

El alza sucesiva de las tarifas de agua, electricidad y demás servicios públicos, nos la presentan  como algo necesario e inatajable.

Son, así, muchos los casos a lo largo y ancho del país: el avance en las licencias para la explotación minero energética a gran escala, el fracking, la minería a cielo abierto y la continua destrucción de los territorios (incluidos los páramos), respaldados con el terrorismo de Estado, el despojo y el desplazamiento forzado. En el caso de la Nestlé, el régimen, manipulando la legislación da a la multinacional las herramientas para impedir la huelga; así, los empresarios se niegan a firmar la Convención Colectiva con Sinaltrainal en Bugalagrande. El compromiso y la lucha que siguen dando las bases en ese conflicto y las acciones que ha mantenido su organización sindical, muestran que debemos recuperar el pleno ejercicio de nuestros derechos, fortaleciendo la perspectiva clasista.

El régimen y los patronos desconocen tanto el contrato realidad, como la estabilidad laboral reforzada, que muchos obreros han logrado con la lucha; mientras, el Estado profundiza la entrega a particulares el manejo de la salud y la educación negadas como derechos y asumidas como “servicios públicos” que, con el truco de la intermediación, se convierten en fuentes de ganancias extraordinarias privatizando los colegios, las escuelas y los hospitales públicos.

La mitad de los alimentos básicos en Colombia son importados y comprados en dólares; cada colombiano debe $ 5,8 millones por incremento en la deuda externa pública. Este país debe a acreedores internacionales la mitad de lo que produce su economía; es decir que, de cada cien pesos, casi $ 50 son ya “obligaciones” con el capital financiero internacional; incluso, los subsidios a la nómina presentados en la coyuntura como “garantía contra el desempleo”, sólo cumplen el papel de preservar e incrementar las ganancias del capital. Lo general es la precarización y negación de los contratos de trabajo para jóvenes y mujeres que son, precisamente, los sectores más afectados por la crisis y por la manipulación de la pandemia. El proyecto de ley 099 de 2021, es un nuevo ataque a las condiciones laborales de la juventud.

Debemos denunciar no sólo como irresponsable, sino como criminal, el manejo gubernamental de la pandemia que llevó al colapso de la de salud, con sus trabajadores vinculados en la “modalidad” de subcontratación, prestación de servicios o por “contratos sindicales”. Tal irresponsabilidad del gobierno criminal, ha provocado más de cien mil muertos, miles de huérfanos y familias trabajadoras destruidas; todo, por el afán de lucro de las farmacéuticas, los servicios privados de salud y el empresariado. El desprecio del gobierno por la vida de la mayoría de la población, la total impunidad ante los crímenes de Estado, la burla a las víctimas y a los campesinos despojados de sus tierras, demuestran al servicio de quiénes están los entes de control del Estado y cómo la actuación de todas las entidades estatales se da en beneficio de empresarios y multinacionales.

El robo del erario, la corrupción rampante compromete no sólo al gobierno actual y a sus ministros, a los cuadros de diferentes fracciones de las clases dominantes, en sus sucesivos gobiernos que dan continuidad a un régimen que requiere altas tasas de desempleo e informalidad, además de la pobreza extrema en campos y ciudades, haciéndose al control de todas las rentas legales e ilegales.

Ahora, es más urgente y necesaria que nunca nuestra unidad para continuar la movilización contra lo que representa el gobierno de Duque y sus planes. El distanciamiento del CNP de la masiva, radical y sostenida movilización de protesta, le hizo perder legitimidad ante las bases del movimiento social y popular. Consideramos no sólo equivocado sino una estrategia en contravía de la lucha social, que el pliego de emergencia se haya convertido en proyectos de ley a tramitar en las corruptas y desprestigiadas instituciones del régimen que sólo funcionan a su servicio; tal como lo es el Congreso de la República.

La burla a los acuerdos Fecode-gobierno siguen siendo meras promesas incumplidas tal como ocurrió con los “acuerdos” de 2017 y 2019 y marcan la ruta de esta dirección. La única manera de avanzar hacia la plena conquista de nuestras demandas es preparar y materializar la continuidad y repotenciamiento del movimiento del PARO NACIONAL. Esto podría ser, ahora, impulsado —inicialmente— por el sector estatal que viene siendo un blanco inmediato del gobierno en el terreno económico, tal como lo han sido en lo político los líderes sociales asesinados, en especial la juventud en las Primeras Líneas.

Algunas de las jornadas de movilización convocadas por el Comité Nacional de Paro pueden ser un punto de referencia para adelantar un plan de lucha. Podemos desarrollar la experiencia del 21 de noviembre de 2019 y el 28 de abril de este año. Necesitamos impulsar centenares de asambleas sindicales y populares y la constitución de comités de base que preparen y retomen el paro nacional, unificando fuerzas, generando una dirección representativa de todos los sectores movilizados.

Por eso invitamos a todos los que hemos participado en los procesos de la Asamblea Nacional Popular, en el Bloque por el Paro Indefinido, en los Comités de Solidaridad locales, en los Comités Departamentales de Paro, en la Coordinadora Nacional Sindical Social y Popular; a las organizaciones indígenas, afro y campesinas, al movimiento estudiantil universitario, a la comunidad LGBTIQ+; a la Minga Nacional, Social, Popular y Comunitaria; a las Primeras Líneas para que, con el compromiso y el trabajo de todos, convirtamos las próximas jornadas de protesta, con el soporte de un paro estatal, en el repotenciamiento de la actual lucha del pueblo colombiano.

Las calles son nuestras y en ellas volveremos a golpear al gobierno de Duque y lo que representa, a derrotar su nefasta agenda legislativa y ejecutiva, conquistando el pliego nacional.

¡Contra la subcontratación y toda forma de explotación laboral… unidad, organización y lucha! ¡Contra el proyecto de Ley uribista 099! ¡No a la explotación juvenil! ¡Contra el terrorismo estatal! ¡Juicio y castigo a quienes dieron la orden! ¡A las calles para derrotar el plan antipopular y neoliberal que Duque desarrolla!

¡A PARAR PARA AVANZAR, VIVA EL PARO NACIONAL!

Invitamos a las organizaciones de los trabajadores y del pueblo a adherirse a este llamamiento.     

Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto, Oziel Tapasco Quintero

Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto de Cundinamarca

Comité de Solidaridad CUT Valle

Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto del Sumapaz

Coordinadora de Solidaridad Sindical y Social de Colombia