9S: un año de la Masacre de Bogotá, un año de descarada impunidad ¡Juicio y Castigo a los responsables!

El 9 de septiembre se cumple un año de la Masacre de Bogotá. En las redes sociales circuló rápida y masivamente un video en el que el abogado Javier Ordóñez era sometido y torturado por agentes de la Policía Nacional. Seguidamente se conoce la noticia de su asesinato como resultado de severos traumatismos generados por actos de tortura llevados a cabo en el CAI del barrio Villa Luz.

Teniendo como referencia una imagen bastante similar, en la que dos agentes de policía estadounidense asesinan a un ciudadano americano negro –George Floyd– y las protestas desatadas en EEUU contra dicho crimen racial, la furia invadió las calles de Bogotá y, la misma noche del día en que se conoció la noticia de que Ordóñez había sido asesinado –9 de septiembre de 2020–, los jóvenes de la capital tomaron las calles, protagonizando actos simbólicos, marchas y manifestaciones con enfrentamientos directos contra la Policía Nacional y su cuerpo especializado de asesinos –ESMAD–. Se calcula que, reclamando justicia, fueron incinerados alrededor de 45 CAI en la capital del país. Los motivos de las manifestaciones, en particular, fueron el asesinato de Javier Ordóñez y, en general, el rechazo a la brutalidad policial y el desmonte inmediato del ESMAD, pero también el descontento acumulado por la pobreza creciente, el hambre el pésimo manejo de la pandemia por parte del Gobierno. Este proceso expresaba un hilo de continuidad con el 21N de 2019 que había quedado confinado durante las cuarentenas.

Esa misma noche, en medio de las manifestaciones que se prolongaron durante toda la noche, la policía recibió órdenes directas de disparar armas de fuego, contra la multitud de jóvenes enfurecidos ante las injusticias y los asesinatos históricos que manchan de sangre las manos de la Policía Nacional.

En la capital, además de Javier Ordóñez, fueron asesinados Jaider Fonseca domiciliario de 17 años, Cristian Hernández domiciliario de 24 años, Andrés Rodríguez de 23 años, Julieth Ramírez estudiante de 18 años, Freddy Mahecha vigilante de 20 años, Gabriel Estrada de 28 años, Germán Puentes domiciliario de 25 años, Julián González ingeniero de 27 años y Angie Vaquero de 19 años; y en Soacha, Cristian Hurtado ingeniero de 27 años, Lorwuan Estiven Mendoza de 26 años y Marcela Zúñiga de 36 años. A este doloroso hecho se le llamó “la masacre de Bogotá”.

Ante esta masacre, las respuestas del Estado fueron una absoluta burla a la memoria de los manifestantes y a las exigencias de la juventud que clamaban justicia. La Corte Suprema de Justicia instó al entonces ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo a “pedir perdón” a los manifestantes. Por su parte, Claudia López se limitó a “establecer mesas de diálogo” con los jóvenes para, de igual manera, pedir perdón y, más exactamente, para domesticar la rabia de los jóvenes y tratar de “recuperar la confianza” en torno a la policía.

Un año después de la masacre, y como una constante en este país, aparte de la condena a 20 años de prisión a Juan Camilo Lloreda, uno de los policías asesinos de Javier Ordóñez, no hay culpables oficiales y, por ende, no hay un solo fallo ni una sola pena o castigo por los asesinatos mencionados, a pesar de que la balística logró confirmar en varios casos que las armas eran propiedad de la policía, a pesar de los videos donde se ve disparar a los asesinos. Tampoco hay un solo pronunciamiento serio, más allá de algunas declaraciones hipócritas y mediadoras respecto al actuar represivo y criminal de la policía, siempre defendiendo la “necesidad” de mantener en pie e intacta el arma del Estado contra la protesta social –policías y ESMAD–. Igual que con las 84 víctimas del Paro Nacional, hasta ahora no ha existido verdad, mucho menos juicio y castigo.

Las consignas de lucha entre los jóvenes y la clase trabajadora respecto a esta realidad varían desde pequeñas reformas políticas, algunas incluso cargadas de carácter moral hacia la policía, y el desmonte inmediato del ESMAD.

Como revolucionarios somos conscientes que las reformas a la policía representan el anhelo legítimo de parar con los abusos y el actuar represivo de la policía, pero estas no son suficientes. Esperar que el actuar de la policía llegue a ser moral, en sentido de ser responsable con la ciudadanía con el fin de protegerla y no reprimirla, difícilmente se logrará cabalmente en esta sociedad capitalista decadente, puesto que la policía, lejos de estar actuando “indebidamente” según criterios generales sujetos a normativas engañosas, están cumpliendo el papel que la burguesía y el Estado como su herramienta dictan que debe cumplir. Los asesinatos cometidos por la policía y el ESMAD, no se reducen a los del 9 de septiembre, sino a muchos anteriores y hasta el pasado paro nacional, no son errores de conducta, sino que hacen parte de un actuar premeditado, normativo y consciente que defiende los intereses del Estado capitalista.

Nuestra lucha contra la represión policial debe continuar. Particularmente, este 9 de septiembre debemos salir a las calles para exigir juicio y castigo a los culpables de los asesinatos contra manifestantes además de la exigencia del desmonte del ESMAD. El plan del Estado contra la protesta social es reprimirla y dejar todos los actos en consecuencia en la total impunidad, sin juicios ni condenas. La única condena real recae sobre los jóvenes y la clase trabajadora quienes nos manifestamos contra los atropellos desmedidos que los distintos gobiernos cometen contra nuestra clase.

Contrario a quienes ven la tarea del momento en preparar las elecciones, nosotros creemos que es urgente y necesario retomar las calles. Para ello debemos reorganizar las asambleas populares, los sindicatos y los comités, y las primeras líneas y avanzar, consigna en pie, rechazando la brutalidad policial, la estigmatización de la juventud, la criminalización de la protesta social, el asesinato contra manifestantes y, por ende, el desmonte inmediato del ESMAD, juicio y condena a los asesinos contra la clase trabajadora y popular. Hagamos que su estrategia de terror quede inválida ante nuestra lucha bien organizada y cohesionada. En memoria de los asesinados, nuestro mejor homenaje es salir a las calles masivamente contra el régimen genocida, en defensa de la vida de todos los manifestantes y de nuestro derecho a la protesta social.