Declaración del Partido Socialista de los Trabajadores ante el XXII Congreso del Partido Comunista

Un paso más en la capitulación al gobierno de Santos y la burguesía

El pasado 16 de julio, el Partido Comunista Colombiano, puso fin a su XXII Congreso con la declaración política de su Comité Central “Con la unidad y la paz construimos un nuevo país”. Los medios de comunicación cubrieron ampliamente el evento evidenciando la importancia que el gobierno y la burguesía le dan al papel de esta organización en la culminación de los acuerdos de paz firmados con las Farc.

Autor: Comité Central del Partido Socialista de los Trabajadores, 01 de agosto de 2017.

El Partido Socialista de los Trabajadores, que durante décadas ha polemizado y combatido muchas de las políticas del PCC y de las Farc, por considerarlas contrarias a los intereses históricos de la clase obrera y los explotados, le concede la debida importancia en un momento decisivo para los trabajadores colombianos. El PST hace tal valoración en la medida en que una parte importante de la clase obrera y los demás movimientos sociales siguen considerando al PCC, la dirección que los puede conducir al triunfo político y social sobre los explotadores.

Dado que la declaración política final del Congreso expone la síntesis de las deliberaciones, es necesario referirse a los enunciados que les pueden permitir concluir a los trabajadores que ningún beneficio real y duradero pueden esperar de la aplicación de dicha política.  Y es igualmente necesario reseñar el carácter de clase de los asistentes al evento para comprender el porqué del contenido de la declaración final.

Es un hecho altamente ilustrativo que en la instalación del Congreso se destacara la presencia  de enemigos probados de los trabajadores como   Ernesto Samper, bajo cuyo mandato –marcado por el escándalo del proceso 8000– se recortaron conquistas históricas de los trabajadores con la política perversa de la “concertación”; o la de la exministra del trabajo del actual gobierno Clara López Obregón cuyo máximo aporte a la “paz laboral” fue llamar en el 2016 a los representantes de las centrales obreras en la mesa de concertación del salario mínimo a “meterse en los zapatos de los empresarios”, para que rebajaran el pedido de aumento para los millones de trabajadores que sobreviven con él, que se  negó a reconocer los derechos a las madres comunitarias, que avaló el mísero ajuste salarial del 7% y que violó los derechos de los funcionarios de su propio ministerio.

Estos fueron los personajes que protagonizaron el acto de instalación del congreso del PCC y no los dirigentes de los recientes paros del magisterio o de los movimientos cívicos de Buenaventura y el Chocó, o algunos de las decenas de dirigentes sindicales que militan en ese partido, como hubiera sido de esperar de una organización que dice representar a los explotados y que pretende dirigir sus luchas políticas y sociales.

La Unidad ¿Para qué?

El acto de instalación fue el preámbulo de la política definida. Jaime Caycedo, secretario general del PCC, en entrevista concedida al diario El Espectador había dicho días antes: “Nosotros no estamos en la idea de lanzar candidatos. … La idea es una convergencia muy amplia, más allá de la izquierda, con sectores que estén convencidos de que hay que producir cambios y reformas que apuntalen las garantías de no repetición y de vida para toda la gente”. Algo parecido declaró para el periódico conservador El Colombiano: “Nosotros no tenemos en este momento una candidatura… pensamos que hay suficientes candidatos y candidatas, lo que necesitamos es que haya un piso común de entendimiento”.

Es evidente para cualquier observador imparcial que detrás de las palabras de Caycedo y del llamamiento a la unidad de la izquierda con sectores “democráticos” burgueses para defender los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Santos que se hace en la Declaración, se esconde una táctica electoral de abierta conciliación de clases con la que esperan recuperar su bancada parlamentaria, a costa de llevar a los trabajadores a apoyar – desde la primera vuelta- el candidato presidencial impuesto por el Presidente.

Dicen que “la unidad del campo revolucionario es fundamental y debe ir en dirección a crear mecanismos de coordinación y unidad de acción con la Unión Patriótica, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, corrientes socialistas, sectores de izquierda del Polo y de los verdes y el nuevo partido de las FARC-EP”, esta unidad es para crear lo que denominan un “Bloque Histórico y Popular” con todos los sectores –incluidos los burgueses aliados del gobierno- que estén por defender la aplicación hasta el fin de los acuerdos de paz.

Los llamados que hace en apoyo a las protestas y a la preparación del paro cívico nacional, no son más que llamados formales que se ubican el contexto electoral. Este bloque no tiene como tarea central el impulso de las luchas contra el régimen político, se busca llevar el descontento a las urnas y se crea la falsa ilusión de que las transformaciones necesarias se pueden dar en el escenario parlamentario y en la implementación de los acuerdos de paz.

La Declaración del congreso del PCC no se plantea ni siquiera la posibilidad remota de impulsar una candidatura independiente, de los trabajadores y la izquierda, que se presente como alternativa para profundizar la división burguesa entre santistas y uribistas. Apuesta a la convergencia con Santos y sus aliados alrededor de una candidatura presidencial burguesa que dé continuidad a la implementación de los acuerdos de paz.

Derechos democráticos ¿Para quién?

Los dirigentes del PCC manifiestan entusiasmados que es “una excelente noticia para el país y para el campo popular y democrático el hecho de que las FARC-EP se conviertan en partido político legal, con una bancada parlamentaria propia”.  Sin embargo, no dicen nada de la negación del mismo derecho para los trabajadores y sectores minoritarios. No hacen eje en la denuncia de la persecución implacable de que son objeto los obreros que intentan sindicalizarse, ni de los recortes al derecho de huelga, ni del incremento de la represión a las movilizaciones y menos aún, de lo casi imposible que resulta para los explotados y los sectores minoritarios la tarea de inscribir candidatos a algún cargo de elección popular.

¿Separación definitiva entre armas y política?

Mientras a diario un líder social o sindical es asesinado, continúan hablando de paz y de “democratización” y creando la falsa ilusión de que el Estado burgués puede dejar de lado su carácter histórico de dictadura de clase sobre los trabajadores. La Declaración habla de una hipotética separación definitiva entre armas y política en la que, según dicen, “…el Estado debe renunciar a la violencia y al uso de las armas contra el pueblo para preservar su régimen de dominación de clase”, sin reconocer que en los acuerdos de paz las Farc fueron el único bando que entregó las armas, y sin denunciar que el gobierno ha declarado en todos los tonos posibles que no será desmovilizado un solo soldado del ejército, que ha fortalecido el ESMAD para enfrentar los conflictos obreros y populares y que le ha dado más poder a la policía para intervenir en la vida civil reformando el código de la institución.

Nunca, que sepamos, el Estado ha renunciado ni renunciará al uso y al monopolio de la fuerza en contra de los dominados y explotados. Sembrar esta ilusión entre los trabajadores y los pobres solo los lleva a mayor indefensión. La legítima aspiración de las víctimas de la violencia de que finalice la guerra, no puede ser la base sobre la que se levante la ilusión pacifista de que el régimen político y el Estado colombianos pueden llegar a “renunciar” al uso de la fuerza contra el pueblo. Y menos aún, enarbolar la política del pacifismo a ultranza por el hecho de que una franja de la guerrilla renunció a una estrategia equivocada, y vanguardista reivindicada por décadas por los mismos que hoy saludan su rendición.

El acuerdo de paz firmado por las Farc no significa que de hoy en adelante las luchas, los cambios sociales y los procesos políticos revolucionarios se vayan a desenvolver de manera pacífica. Y no porque los trabajadores, los explotados y los revolucionarios seamos genéticamente violentos sino porque los capitalistas y sus aliados no van a renunciar voluntariamente a sus privilegios y harán uso de la fuerza y de las armas para defenderlos y para reprimir a todo el que ose exigir un derecho más allá del de la pura supervivencia. El uso de la fuerza y de la violencia masiva no solo es necesario, sino legítimo. Los trabajadores, los pueblos, los campesinos y los indígenas tienen derecho a defenderse con la fuerza, ante un Estado que los ataca y los persigue.

La defensa del gobierno de Maduro no es apoyo para el pueblo venezolano

En un punto coincidimos con la Declaración: la posición frente a las políticas de Donald Trump y la necesidad de apoyar solidariamente a los pueblos que luchan y lo enfrentan. Pero estamos lejos de acordar con que la defensa del gobierno de Nicolás Maduro y la reivindicación del chavismo sean lo que necesita el pueblo venezolano. Maduro, los sectores burgueses y militares que se han enriquecido a la sombra del régimen chavista, amparados por un discurso populista y socialdemócrata, se disputan el poder con otra ala burguesa de ultraderecha agrupada en la MUD. La alternativa para el pueblo venezolano tiene que ser una salida obrera y revolucionaria independiente de Maduro y de la derecha de la MUD. Los miles de venezolanos que migran cada día hacia nuestra frontera, huyendo de la situación insostenible por la que están pasando, son testigos de la realidad que se vive en el país hermano que de ninguna manera puede ser llamada socialismo.

La declaración emitida por el XXII Congreso del Partido Comunista Colombiano es la manifestación pública de la renuncia, en los hechos, al programa obrero del socialismo revolucionario que dicen defender. Es el reconocimiento por parte del Partido Comunista de que su “aspiración histórica por una solución política negociada al conflicto social y armado se ha hecho realidad con los Acuerdos de La Habana y las FARC-EP”, unos acuerdos en los que ni siquiera se posibilita una reforma agraria y mucho menos la solución concreta a los problemas fundamentales de la clase trabajadora como son la salud, la educación, la vivienda, los servicios públicos y la estabilidad laboral. Es la renuncia a la movilización y la lucha, a cambio de garantizar una bancada en el parlamento y un presidente que blinde los acuerdos. Esto es contrario a la lección que nos han recordado los docentes y los pobladores del Pacífico, de que es con la movilización y la lucha como se conquistan los derechos sociales y económicos de la población