El régimen autoritario al desnudo

En medio de la pantomima de campaña electoral que no logró despertar entusiasmo, el país se estremeció con tres hechos que muestran la profundidad de la violencia históricamente ejercida por la burguesía y sus agentes armados.

Hornos crematorios, Militares encubiertos contra la población y proceso contra Uribe

Estos tres hechos, en apariencia independientes entre sí, tiene el común denominador de la violencia estatal y paraestatal que durante décadas fue política de Estado; auspiciada por la burguesía, las instituciones represivas y los distintos gobiernos responsables del genocidio en Colombia.

De trapiches a barbarie nazi

Cuando Mancuso declaró en mayo pasado ante la JEP, fue especialmente estremecedor el relato de los hornos crematorios, para desaparecer cuerpos por orden de los policías y militares. Hoy, las investigaciones forenses han seguido a las declaraciones y testimonios de víctimas; que condujeron a las actuales excavaciones por parte de un equipo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). Buscan restos de víctimas en un antiguo trapiche de panela convertido en horno crematorio por los paramilitares en Juan Frío, corregimiento de Villa del Rosario en Norte de Santander.

Según testimonios y la documentación recaudada hasta ahora, se calcula que en esos hornos fueron incinerados más de 500 personas víctimas del paramilitarismo por orden directa de comandantes militares o policías con quienes coordinaban sus crímenes los paramilitares del Bloque Catatumbo al mando de Salvatore Mancuso. Según el mismo Mancuso, estas órdenes contradecían la doctrina del “Teatro de Operaciones” en la cual era importante mostrar el mayor daño posible para escarmentar a la población; ya que muchas veces estos crímenes cuestionaban la efectividad de las fuerzas armadas en la región para controlar el orden público, por lo que necesitaban a veces que las atrocidades se desarrollaran con mayor discreción. Así, los cuerpos de los torturados y asesinados, eran cremados y sus cenizas dispersadas, o eran enterrados en fosas comunes al otro lado de la frontera, en territorio venezolano.

El ejército y sus métodos de guerra sucia

La barbarie paramilitar, y la responsabilidad directa de la burguesía, políticos y militares; es presentada como algo del pasado, pero los recientes hechos en Tierralta muestran lo contrario.  El 11 de septiembre, militares del Batallón de Infantería 33 “Batalla de Junín” de la Brigada 11, se hicieron pasar por disidencias de las Farc para amedrentar y abusar sexualmente a indígenas y campesinos de la vereda Boca del Manso en Tierralta. El hecho, fue conocido por la valentía de la población que grabó videos en los que se evidencian a los militares disfrazados de disidentes de las FARC amedrentando y amenazando, mientras de forma valiente, especialmente las mujeres, los enfrentaban y cuestionaban.

Los hechos denunciados fueron tan graves que 17 uniformados ya fueron expulsados del ejército, y 13 más se encuentran en investigación. Este hecho mostró que la relación persistente entre el paramilitarismo y las fuerzas armadas, no es un hecho al azar. Durante años ambas estructuras han operado en Colombia de manera coordinada, en algunos casos conjunta, y en otros con la connivencia y favorecimiento de la parte legal a la parte ilegal.

Es significativo que estos hechos sucedan en el sur de Córdoba, cuna del paramilitarismo en Colombia. Allí Salvatore Mancuso, pasó de ser un burgués terrateniente normal a comandante de fuerzas paramilitares, de la mano de la Policía y la Brigada 11 del Ejército. Este territorio, sufrió el surgimiento y consolidación de las AUC, que sometió a un régimen de terror por años a la población. Tierralta tiene historia de paramilitarismo, pero también sus pobladores tienen historia de lucha y heroica resistencia.

Esta práctica de los militares de hacerse pasar por guerrilleros ha sido común en Colombia, para no sólo intimidar y confundir, sino para asesinar, como lo demostraron en la masacre del Alto Remanso en Puerto Leguizamo (Putumayo) el 28 de marzo de 2022. Ese día, militares se hicieron pasar por disidencias y abrieron fuego indiscriminado contra indígenas y milicianos reunidos en un bazar, asesinando a 11 personas. En su momento, el Gobierno y el Ejército lo presentaron como una acción legítima, pero al poco tiempo se evidenció el ocultamiento y alteración deliberada de pruebas típicos de los falsos positivos.

El accionar de los paramilitares durante décadas y las acciones criminales protagonizadas directamente por militares y policías, pese a los sofismas, la ocultación de pruebas y justificaciones, no son acciones por fuera del control del Estado, o “manzanas podridas” dentro de las instituciones, han sido una Política de Estado para favorecer los intereses de la burguesía. La profundidad y dimensión de este fenómeno, sólo fue posible por la política consciente de la burguesía, sus políticos y sus comandantes armados, quienes no solo permitieron el accionar paramilitar, sino que lo propiciaron, auspiciaron y coordinaron, como lo demuestran y ratifican las declaraciones de Mancuso.

Y Uribe, ahí…

Uno de los principales protagonistas del paramilitarismo como política de estado es Álvaro Uribe Vélez, quien desde todos los cargos públicos que ocupó (desde la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Antioquia y la Presidencia de la República) tuvo una estrecha relación con los paramilitares, a quienes auspició y favoreció. Es lo que muchos hemos denunciado, especialmente las organizaciones de víctimas. Las múltiples denuncias de la responsabilidad de Uribe en la violencia paramilitar (más de 295 investigaciones vigentes) han sido evadidas, escondidas e ignoradas en una especie de negacionismo, cada vez más difícil de sostener. Las denuncias del Senador Iván Cepeda contra Uribe por fraude procesal y soborno a testigos continúan su curso a pesar de las amenazas contra Cepeda, contra testigos, los intentos de su defensa de desvirtuar las pruebas, y de la propia Fiscalía por cerrar el caso. Han sido tres intentos de la fiscalía por precluir la investigación, siendo rechazadas por los jueces. El último intento del Fiscal Barbosa por enterrar la investigación ha fracasado con decisión del Tribunal Superior de Bogotá de la investigación que puede llegar por fin a juicio. Así la posibilidad de la condena de Uribe se mantiene, aunque sólo sea por uno de sus menores crímenes.

No es sólo Uribe, es el régimen político colombiano

Lo que era una tendencia hacia un régimen cada vez más autoritario y sangriento, se terminó por consolidar con las transformaciones de las instituciones políticas que impuso Uribe Vélez, junto a la institucionalización del paramilitarismo en ascenso.

Es lo que desde el marxismo llamamos un régimen bonapartista – en referencia al régimen autoritario de Luis Bonaparte-, donde prima la figura presidencial por encima de los otros poderes de la democracia burguesa; que ejerce el poder de una manera dominantemente autoritaria, restringiendo y negando derechos democráticos.

Esta tendencia mundial, que se ha profundizado con la monopolización de la economía y la crisis crónica del capitalismo; en Colombia se ha expresado en la combinación de una burguesía históricamente sangrienta y autoritaria y la institución del paramilitarismo, que, aunque formalmente es “ilegal” como el narcotráfico, ha convivido en perfecta simbiosis.

Paradójicamente, esta tendencia autoritaria, se aumentó y consolidó bajo la Constitución de 1991, llamada por sus defensores como una de las más progresivas del mundo. Bajo esta Constitución del Estado Social de Derecho, no sólo se desarrolló y consolidó el paramilitarismo, sino las privatizaciones y las peores leyes contra los trabajadores y los sectores populares.

Este régimen de terror, que no ha tenido nada que envidiarle a las peores dictaduras del continente en lo que respecta a violaciones a los derechos humanos, ha sido cada vez más repudiado y rechazado por las masas en Colombia. Si bien durante el auge del gobierno de Uribe, primaban el miedo e incluso el apoyo de parte de las masas hacia el gobierno, junto al odio a las guerrillas gracias a su degradación; poco a poco el “embrujo autoritario” se fue disipando, llevando a grandes manifestaciones contra los asesinatos de líderes sociales y luego a los grandes estallidos sociales de los de 2019 y 2021 en donde las consignas contra el uribismo fueron protagonistas.

Petro, elegido producto de este ascenso, prometió en su plan de Gobierno acabar el paramilitarismo y lograr la paz. Pero justamente, el proceso de Chile 1973, citado por el mismo Petro con relación a los hechos de Tierralta, muestran las contradicciones y límites de los gobiernos de conciliación de clases, que pretenden cambiar el carácter del Estado cambiando apenas su junta administradora, y no cambiando la estructura misma ni el régimen que lo sustenta.

Tal como el mismo Petro lo ha reconocido en su discurso en el acto de reparación del movimiento obrero como víctima del conflicto, la violencia política no sucede al azar, ni tampoco por la particular perversidad de algunos; sino que nace de la defensa de la ganancia de los empresarios del campo y la ciudad. Es la razón por la que no es tan fácil lograr la anhelada Paz Total.

El problema de la violencia y el paramilitarismo, está íntimamente asociado al problema de la tenencia y la renta de la tierra; y por lo tanto a los negocios legales (minería legal, agronegocio, madereras, ganadería) e ilegales (minería ilegal, narcotráfico); que justo están en el centro de la cadena productiva de valor del país. Por la tierra pasa la competencia capitalista, el apetito de las multinacionales, y la contradicción entre patronos, latifundistas, expoliadores de un lado, y campesinos, trabajadores agrícolas, indígenas y afros por el otro. A pesar de que a los expropiadores se les compre con dinero público las mismas tierras que se robaron, esto se hace en proporciones mínimas comparadas con el tamaño de los territorios en disputa. Esa disputa es sangrienta, enfrenta la valiente resistencia de las comunidades como fue el caso de Tierralta vs Urrá, y para ello se recurre al terror militar y paramilitar. Maquillar el régimen burgués y represivo colombiano, sin atacar el capitalismo sino pretendiendo favorecer al tiempo a víctimas y victimarios, no va a funcionar.

La violencia paramilitar y antisindical, no solo fueron la reacción a la existencia de las guerrillas, sino que usando estas como justificación para la doctrina del enemigo interno y de la seguridad nacional; fueron y siguen siendo parte estructural del ejercicio del poder en Colombia, cambiando de nombre durante la historia de pájaros, chulavitas, autodefensas, paracos, bacrims, etc. Con base en esa doctrina, entre 2019 y 2021 el movimiento social recibió tratamiento de guerra. Pero con Petro no es tan diferente: a los indígenas y campesinos que han ocupado predios, de igual forma se les ha desalojado y se les ha enviado el ejército y el ESMAD.

Es cierto lo que afirma Petro cuando dice que los presidentes que gobernaron cuando se cometieron miles de asesinatos contra el movimiento sindical son responsables políticos, aunque no hayan disparado un tiro, e incluso aunque no hayan sabido o participado directamente de los crímenes. Son responsables por acciones y omisiones, porque eran los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, y sobre todo por dejar pasar, mirar a otro lado mientras se cometían los crímenes y se beneficiaban económica y políticamente.

La burguesía de conjunto se resiste a cualquier cambio que no sea profundizar la desigualdad y sobreexplotación, y el régimen político es garantía de esa desigualdad histórica. La defensa de este régimen político y el encubrimiento del paramilitarismo, se han convertido en una línea roja que no están dispuestos a ceder, al igual que no ceden lo más mínimo en las reformas planteadas por el gobierno.

Por eso no habrá reformas de fondo, ni verdad justicia y reparación verdaderas mientras subsista este régimen autoritario, represivo y antidemocrático. Corresponde a las masas echarlo abajo, para colocar en su lugar un verdadero gobierno obrero y popular, que erradique por fin la barbarie paramilitar.