Acuerdo 1- La Reforma Rural Integral es una ilusión, la Ley  Zidres es el plan real

El punto 1 del acuerdo está lleno de palabras y frases bonitas como igualdad, dignidad, amplia participación de las comunidades, asegurar la alimentación y la nutrición, bienestar y buen vivir de la población rural, formalización y distribución equitativa, etcétera. Además se formulan varios planes.

Autor: Partido Socialista de los trabajadores

Planes de acción para la transformación regional, Plan Nacional de Vías Terciarias, Plan Nacional de Riego y Drenaje para la economía campesina, familiar y comunitaria, Plan Nacional de Electrificación Rural, Plan Nacional de Conectividad Rural, Plan Nacional de Salud Rural, Plan Especial de Educación Rural, Plan nacional para la promoción de la comercialización de la producción de la economía campesina, familiar y comunitaria, Plan progresivo de protección social y de garantía de derechos de los trabajadores rurales.

Pero si analizamos el plan real de modernización del campo, contenido en la Ley 1776 de 2016, conocido como Zonas de Interés de Desarrollo Rural Integral (Zidres), descubriremos que todo lo prometido en los acuerdos de La Habana quedará en buena medida en el papel, porque el gobierno tiene es a las Zidres como el plan estratégico para resolver el problema de la tierra a favor de las multinacionales, los terratenientes y los empresarios.

La realidad es que el gobierno presenta dos planes: la Reforma Rural Integral (RRI) para ilusionar al campesinado pobre, y la Ley Zidres para resolver el problema de la tierra por la vía de la concentración en unos pocos.

Para la Reforma Rural Integral los acuerdos dicen que se creará un Fondo de Tierras de 3 millones de hectáreas durante los próximos 10 años. Pero muchos analistas sostienen que sólo habrá posibilidades de 1 millón cien mil hectáreas.

También dice que se legalizarán 7 millones de héctareas, pero mucha de esa tierra es la que se han apoderado los empresarios, las multinacionales y los terratenientes mediante el despojo. Sólo veamos un caso. El representante a la Cámara, Wilson Arias, le envió una carta al banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo donde entre otras cosas le manifiesta: “¿Bajo qué consideraciones usted… se cataloga como campesino pobre y por tanto sujeto del derecho a acceder a baldíos de la nación?… he constatado que más de 13 mil hectáreas, la mayoría proveniente de procesos de reforma agraria (entregada a campesinos) en los municipios de Puerto Gaitán y Puerto López en el Meta, son ahora de su propiedad.” También hay denuncias de otros, como Francisco Santos y Álvaro Uribe, que se han apoderado de miles de hectáreas.

En todo caso la Ley Zidres tendrá 7 millones de hectáreas. Es decir, que el plan fundamental sobre el agro es con esta ley.

Si tenemos en cuenta que al campesinado pobre le fueron expropiadas más de 10 millones de hectáreas, con la Reforma Rural Integral, que es el plan del acuerdo de La Habana, sólo le darían la posibilidad de recuperar una pequeña parte. Lo que significa que se consolidaría el despojo de más de 7 millones de hectáreas. La mayor parte de esta tierra es la que despojaron al campesinado pobre los empresarios, los terratenientes, los ganaderos y las multinacionales, utilizando el paramilitarismo.

Por una reforma agraria democrática y radical

El programa de las Farc era por una reforma agraria democrática. Lo que está consignado en el acuerdo de La Habana no tiene nada que ver con ese programa. Las Farc renunciaron a él. Pero el problema de la distribución de la tierra sigue pendiente. La estrategia del gobierno es resolverlo por la vía reaccionaria de la concentración con los proyectos agroindustriales de las Zidres. Allí los campesinos pobres no tendrán tierra. Lo máximo que les ofrecerán será empleo. Se convertirán en trabajadores precarizados bajo la modalidad de la tercerización al servicio de la gran agroindustria y la minería, además con nefastas consecuencias para el medio ambiente.

Contra ese programa del gobierno de concentración de la tierra, los socialistas levantamos como programa una reforma agraria democrática y radical, donde se expropie a los terratenientes, a los empresarios y a las multinacionales, se le entregue tierra gratuita al campesino pobre, a las comunidades indígenas y afro los territorios que reclaman, otra parte que sea explotada mediante cooperativas y el resto que sea estatizada y explotada industrialmente.