La Salud Está Herida de Muerte

Magisterio

En el marco de todos los problemas que, principalmente, por causa de la política neoliberal del gobierno fiel a las orientaciones de organismos internacionales como la OCDE, aquejan al magisterio, tales como la presión generada por la evaluación, la arbitraria jornada única, la falta de recursos para el funcionamiento de las instituciones educativas, el hacinamiento de estudiantes, los problemas sociales expresados en la convivencia en los colegios, entre otros,  está el de la salud de los maestros (afectada por la situación descrita), que cada vez se profundiza más.

Cada día es más vigente la necesidad de exigirle al Estado que retome su responsabilidad en garantizar de manera directa la prestación de los servicios médico asistenciales para todos los maestros de Colombia y sus familias. Cada vez la crisis del sistema de salud es más profunda para todos los trabajadores, y los maestros no escapan a ella.

Esta situación no se debe, por supuesto, a que unas empresas son mejores que otras, o tienen mejor organización, o son más visionarias o más humanas. Se debe a que desde la política estatal se ha convertido a la salud pública en un negocio lucrativo para la empresa privada y sus mercaderes.

El sistema privado está regido por las ganancias, no por el servicio

“Atender” a cerca de 300.000 maestros y sus familias en el país, es un negocio llamativo para los comerciantes de la salud. El país está divido en tantos contratos, como regiones a atender, y es un dinero fijo que la Fiduprevisora entrega sin dificultades, pues a cada docente le descuentan por nómina el pago del servicio.

Evidenciamos que el principal problema de las deficiencias en la prestación de estos servicios es la contratación con la empresa privada, la cual tiene como preocupación central, los costos y las ganancias, antes que garantizar el derecho vital. Es la razón por la cual ni el aumento de dineros cotizados por los maestros, ni la exigencia al Fondo prestacional de usar el 100% de los dineros para salud, ni la reforma a los términos de referencia en la contratación, ni la creación de veedurías, ni la creación de manuales de sanciones, han mejorado el servicio.

Es una tortura asistir a los centros médicos a esperar largas horas a ser atendido por urgencias, o a solicitar citas médicas con especialistas para escuchar que no hay agenda, o que no hay medicamentos. Lo que muestran estos hechos es que para evitar “costos”, no contratan suficiente número de profesionales y dilatan la atención y el tratamiento de pacientes, como medida de control de gasto mensual. Situación esta que pone en permanente riesgo la vida de los maestros y sus beneficiarios. Muchos son los casos de afecciones colaterales de la salud causadas por la negativa del servicio o por falta de atención oportuna, y muchos han sido los fallecimientos causados por las mismas razones.

La dirección de Fecode favorece el negocio

Infortunadamente la política de la dirección de Fecode ha estado enfocada a defender el “modelo especial” de salud del magisterio, el cual ha hecho agua. En la más reciente declaración de la junta nacional la política de la burocracia es la de defender la Ley 91 y el fondo del magisterio.

Sobre la Ley 91 de 1989 debemos decir que a través de ella se eliminaron las cajas de previsión y la dirección del magisterio fue pionera en colaborar con la privatización de los servicios de salud, al establecer el contrato de los mismos a través del fondo y la previsora. Esta ley fue anterior a la ley 100 de 1993. Contra ella el magisterio luchó solamente después para ser exceptuado de su aplicación, abriendo así el camino a la privatización de la salud para todos los trabajadores.

La dirección de Fecode nos mete en un círculo vicioso: defender el fondo de prestaciones y el régimen “especial de salud” rechazando en el discurso la ley 100, pero ocultando que dicho régimen es privado y su funcionamiento compartido con el contenido de la ley 100. Ambos están en la lógica del sistema privatizado. Ante esto la salida es que sea un servicio estatal.

Insistimos en hacer estos balances, que responsabilizan a la dirección de Fecode en la situación actual de la salud del magisterio, y en que debe convocar un paro para exigir al Gobierno que asuma la total responsabilidad en la prestación directa de los servicios médico asistenciales. La lucha debe ser por derogar la ley 100, para lo cual es necesario convocar a los demás trabajadores. Pero como sabemos que no es su política enfrentar al gobierno de Santos, debemos organizarnos por la base para luchar también por cambiar la dirección y recuperar los sindicatos para luchar por los derechos de sus afiliados, no para ayudarle al gobierno (patrón) a aplicar su política en contra de los trabajadores y los pobres como hace la actual dirección.

La experiencia de Asoinca

En el Departamento del Cauca, la Asociación de Institutores del Cauca (Asoinca) logró un acuerdo para que el Sindicato asuma la contratación de los servicios de salud. Este acuerdo no resuelve el problema, pues si bien la dirección de Asoinca tiene reconocimiento de las bases y su organización sindical tiene dinero para prestar el servicio, sigue en el marco de la contratación privada y convierte al sindicato en una empresa capitalista, contratista de salud. Ya hemos visto como en otras regiones, entre ellas Bogotá, las empresas creadas por “autogestión” o a través de las cooperativas, han quebrado al verse sometidas a la presión del mercado y a la competencia capitalista que no conoce lealtades.

Bajo el discurso de la economía popular, pretenden que organizaciones sindicales y cooperativas cuya función es la defensa de maestros y la solidaridad, resuelvan un problema de la estructura capitalista fundamentado en la rentabilidad.

Por más luchadores intachables que sean como lo han demostrado, enfrentando al gobierno y a la burocracia, el negocio capitalista y la lógica del mercado terminan definiendo la vida sindical y cooperativa y corrompiendo su actuar.

No hay que buscar salidas distintas a la estatización para que la salud deje de funcionar como un negocio para producir ganancia. Debe ser un derecho garantizado por el Estado, pues para eso se pagan impuestos.

Por: Freddy Ruiz Ayala,

miembro de la Asamblea de delegados de la ADE